Enya - Evening Falls (video)

El arte de dividir, por Mariana Escalada & Agustin Ronconi.

Al tiempo que el Papa Francisco llama la atención sobre el poder de la comunicación calumniosa, ya está en las gateras la nueva ola negra (o tal vez naranja) que se está gestando. Amparándose en el recorte de gasto público solicitado por el FMI, de un día para el otro apareció en agenda la separación de la Iglesia y el Estado, para que el gobierno deje de pagarle a estos “rebeldes de sotana” sus sueldos, al tiempo que se da inicio a una campaña de apostasía colectiva. Si bien el proyecto fue presentado desde Cambiemos, la fuerza de choque será nuevamente el progresismo empujado a la calle a luchar por las premisas duranbarbescas.

Cuando el Papa Francisco, los curas villeros y los curas en opción por los pobres, se alzan en defensa de los mas humildes y endurecen sus críticas contra el gobierno de Cambiemos, mágicamente aparece en agenda la separación de la Iglesia y el Estado.

En la última presentación de Marcos Peña en el Congreso, desde el Bloque Evolución liderado por Martín Lousteau, la diputada Carla Carrizo fue la encargada de abrir la puerta con sus muy específicas preguntas, para que el Jefe de Gabinete hiciera público cual es el monto anual asignado a sostener el culto católico en nuestro país este año. De acuerdo al Jefe de Gabinete, la cifra asciende a $130.421.300, destinado a abonarle a los Obispos Diocesanos una remuneración de $46.800, a los Obispos Auxiliares $40.950, a los Obispos Eméritos $40.950, y a los administradores apostólicos y diocesanos $46.800.

Extrañamente no hubo preguntas respecto a exigirle a los jueces que tributen Ganancias. Teniendo en cuenta que en la Administración Gubernamental, el presupuesto mas alto es el del Poder Judicial, donde el Estado invierte $34.189.029.854 para sus 26,543 empleados, sería interesante saber el número total de jueces y sus sueldos para calcular el monto anual si tributaran ganancias, ya que de antemano podemos afirmar que con un pequeño porcentaje del total (que incluiría a los jueces retirados que gozan de obscenas jubilaciones), sobraría para continuar sosteniendo el sueldo de los curas en argentina. Claro que los hombres de sotana incomodan más al gobierno que el Poder Judicial a pleno.

Una de las reivindicaciones de la Campaña Nacional por la Legalización del Aborto Seguro, Legal y Gratuito es que la Argentina sea un estado laico. Durante su ponencia en el Congreso, la abogada Mabel Gabarra expresó que “La laicidad es condición necesaria de la democracia”, un argumento de flagrante falsedad, porque la democracia argentina siempre ha coexistido con el estado confesional. La movida anticlerical incluye una Campaña de Apostasía Colectiva, que promueve renunciar al Credo a través del envío de una carta presentada en la diócesis a la que pertenece la parroquia donde uno haya sido bautizado, informando la decisión de dejar de pertenecer a la Iglesia Católica y exigiendo que se modifiquen los registros originales, pero la estrategia no termina ahí.

El mediático legislador cambiemita Fernando Iglesias, junto con el diputado Alejandro Echegaray, presentó el expediente 1418-D-2018 en el Congreso, que consta de apenas dos renglones en los que solicitan la derogación de los decretos leyes 21.540, 21.950, 22.162, 22.430 y 22.950. De acuerdo a los fundamentos del proyecto “La sociedad argentina debe afrontar con esfuerzo y austeridad las limitaciones impuestas por una situación económica marcada por un déficit fiscal y una presión tributaria muy altos, al mismo tiempo que debe atender demandas sociales urgentes. En este contexto por todos conocido, ¿es justo y razonable que el Gobierno Nacional utilice recursos provenientes del esfuerzo de todos los argentinos –católicos y no católicos- para afrontar las asignaciones en cuestión?” pero nada menciona de que Cambiemos es quien llevó a la Argentina al más tremendo desbarajuste económico y social de su historia, dejando el país endeudado en tiempo récord en miles de millones. Es más, para que los argentinos siquiera piensen en ese detalle, es que esta nueva obra maestra de la distracción saldrá a ocupar las calles y las primeras planas.

JAIMITO Y LA IGLESIA
En noviembre, de 2015, ante el ballotage, el Papa Francisco envió un mensaje al pueblo Argentino aconsejando que voten “a conciencia“. El guru ecuatoriano que guía el rumbo de Cambiemos salio con los tapones de punta a contestarle que “Nadie vota pensando en lo que piensa el Papa” porque “El Papa no mueve más de diez votos en un país“. En esa misma entrevista, Duran Barba habló del aborto, y advertido respecto a que se trata de una practica ilegal en nuestro país, muy decidido aseguró: “Lo vamos a cambiar“.

Pero respecto a la Iglesia, Duran Barba está equivocado. Si bien en su libro “La política en el siglo XXI: Arte, mito o ciencia“, que el gurú ecuatoriano escribió junto a su socio Santiago Nieto, asegura que “En algunos países la Iglesia católica ordenaba a los creyentes que votaran por el candidato de la jerarquía y los feligreses obedecían. Esto no ocurre más, como lo constatamos en México, el país más intensamente católico y laico de la región. En una encuesta posterior a la elección aplicada en 2012, cuando se averiguó cual había sido la influencia de la opinión de la Iglesia en su voto, solo el 1% de los electores dijo que lo había influido mucho, el 2% que lo influyó algo y el 91% que no influyó para nada“, en Argentina otra es la historia.

Según el estudio “Primera Encuesta sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina” realizado por CEIL CONICET, el 91,1% de los argentinos cree en Dios, el 76,5% se reconoce como católico, el 61,1% se relaciona con Dios “por su propia cuenta”, ya que solo el 23,8% de los católicos asisten frecuentemente a la Iglesia. Un dato llamativo es que el 78,3% reconoce que habitualmente reza en su casa y el 66,9% se considera un buen religioso sin asistir a la Iglesia. El dato clave de la publicación, es que la Iglesia Católica, a pesar de su triste papel en las épocas de dictadura, es la institución que mayor confianza despierta en la población argentina, por delante de los medios de comunicación, las fuerzas armadas, la policía, la justicia, las Iglesias Evangélicas, el Congreso, los sindicatos, y en último lugar, los partidos políticos.

Poner en agenda la problemática del Estado laico en este preciso momento responde a una estrategia de triple objetivo: responder al ajuste solicitado por el FMI, establecer un distractivo para que la gente no discuta el ajuste sin un acontecimiento social, como esta ruptura con la Iglesia (que es francamente intrascendente en los números fiscales) y finalmente, pero no menos importante, imponer una contienda política que podría dejar al kirchnerismo mal parado ante sectores mayoritarios de una sociedad que es mucho mas conservadora que los jóvenes movilizados por la ola verde, o negra, del progresismo urbano.

La forma en que Durán Barba atenta contra las figuras políticas, consiste en horadar su imagen, atomizando a sus seguidores y destruyendo segmento por segmento de su electorado. En el caso de CFK, al cambiar su histórica posición sobre el aborto, la fidelidad de muchos votantes kirchneristas podría verse defraudada, algo que el peronismo de derecha vería con buenos ojos, mientras sostiene públicamente una postura no militante respecto a la legalización.

Durán Barba maneja la estrategia política mejor que nadie del campo popular, y sabe que desde los tiempos de Tzun Su, el que conoce a su enemigo, elige el terreno y el momento de cada batalla, ya ganó.

La neutralidad democrática, por Edgardo Mocca.

Estas líneas fueron motivadas por la lectura del fragmento publicado el último domingo, como presentación del libro Por qué de José Natanson. Es decir, no hay intención de hablar sobre el libro –que no leí– sino de su presentación. El título del libro incluye la referencia a la rápida agonía del kirchnerismo, a la feroz eficacia del macrismo y a la novedad de la derecha que éste encarna. Promete, pues, un género de intervención bien alejado de la retórica politológica con su habitual carga de referencias eruditas, cuadros y estadísticas, habitualmente desprovistos de todo interés político. Se anuncia claramente como un libro militante, que toma partido en la lucha política en la que estamos. Valdrá la pena leerlo en algún momento.

De lo que habla el texto aquí publicado es de la condición democrática del gobierno de Macri. Y consiste básicamente en cierto esquema comparativo del actual gobierno con los que lo precedieron desde 1983, con la llamativa y casi total ausencia del gobierno que se fue rodeado de decenas de muertos en diciembre de 2001. La cuestión de la definición de la democracia y de sus límites es un tema clásico de la corriente dominante de la ciencia política en las últimas largas tres décadas. El más famoso de los autores colocados en esta tradición es el estadounidense Robert Dahl, quien ensayó la formulación de una serie de requisitos básicos cuyo cumplimiento permitiría que un gobierno fuera catalogado como democrático. La más visible carencia de la tradición inspirada en esos textos es la dramática separación entre la vida institucional de un determinado país y las condiciones sociales en las que viven sus habitantes. Es decir, una idea de democracia que se desentiende del “demos”. Natanson se desmarca parcialmente de esa tradición al incluir las “políticas sociales” de los gobiernos como variable para el análisis. Natanson reconoce al macrismo el “mérito” de mantener programas y seguir pagando jubilaciones, pensiones y AUH. En realidad son muchos los programas que se vienen desmantelando y el reciente manotazo a las jubilaciones envuelto en el pudoroso nombre de “reforma previsional” no ocupa lugar alguno en el juicio. Pero es necesario señalar que para la superación del enfoque formalista no alcanza con evaluar las prestaciones sociales; toda la política económica constituye un pilar central para juzgar la calidad democrática. También los salarios, el nivel y la calidad del empleo, el desarrollo productivo, el nivel de endeudamiento, las relaciones entre producción y especulación, entre muchos otros componentes. La palabra clave es “ideología”: la democracia no implica una determinada orientación “ideológica”, dice el autor. Claro, el problema no es la “ideología” sino sus resultados en la vida de una sociedad concreta. La ciencia política predominante ha ido abandonando la relación entre las instituciones políticas y las relaciones sociales, y dejado estas últimas como problema de la sociología. Por eso es que la ciencia política predominante no sirve para casi nada. Para ilustrar la cuestión: el gobierno de De la Rúa alcanzaba a satisfacer todos los requisitos “técnicos” de la democracia. Pero así y todo se hundió en la crisis, en la violencia, en la decadencia, en una verdadera catástrofe. El análisis político posterior discutirá las causas del derrumbe. Pero la descripción contemporánea a los hechos fue absolutamente impotente para diagnosticar la crisis y, lo más importante, para armar la defensa de la comunidad frente a esa grave amenaza. Ahora está de moda decir que diciembre de 2001 es el resultado de la “capacidad desestabilizadora del peronismo”, afirmación que, aunque claramente absurda, es necesaria para quienes quieren oscurecer el parentesco entre aquel desenlace y las amenazas que presuponen las políticas actualmente en curso. El muy “democrático” gobierno de De la Rúa se fue envuelto en las llamas de una crisis de la deuda, igual a la que se insinúa como consecuencia de las actuales políticas económicas “ideológicamente” análogas a las de los gobiernos de Menem y de la primera Alianza. Pero según la democracia “no ideológica” eso no tiene importancia.

¿Qué importancia tiene saber si un régimen es democrático o no lo es? Bien, los argentinos supimos en 1983 que lo que muchos llamábamos antes “formalidades democráticas” pueden separar –como bien dijo alguna vez Raúl Alfonsín– la vida de la muerte. La impugnación de la condición democrática de un determinado gobierno es un arma de combate contra él; todos recordamos aquellas jornadas de las cacerolas en las que se acusaba al gobierno de Cristina de ser una dictadura, y simultáneamente se reivindicaba en voz baja (o no tanto) a la más brutal de las dictaduras reales que padecimos los argentinos. La definición del régimen real en el que vivimos hoy en nuestro país no es una cuestión académica, sino una cuestión política. Por lo pronto hoy tenemos presos políticos, jueces apretados por el gobierno que ejercen persecución contra opositores, incursiones ilegales en las conversaciones privadas de una ex jefa de estado, represión violenta que incluye la muerte de manifestantes, trampas que inciden en decisiones cruciales del Consejo de Magistratura -como la “ayudita” que dio Lorenzetti a la destitución del juez Freiler- y, no en último lugar de importancia, un dominio monopólico-oficialista de la información que, dicho sea de paso, descalificaría al régimen actual como democrático aún frente a los módicos requisitos de la “definición mínima” de una democracia, enunciados por Dahl. No se sabe cuántos puntos restan estas cosas a la calificación democrática, en comparación con la manipulación de los números del Indec durante un período de las anteriores gestiones, porque en el texto no se hace la correspondiente puntuación, pero la verdad es que parece haber alguna diferencia cualitativa.

Hay una bibliografía acerca del juicio sobre el carácter democrático de los gobiernos realmente existentes, desgraciadamente imponente en número e impotente en sus resultados. Lo que vemos día a día es cómo las fuerzas políticamente dominantes a escala global administran la calificación de democrático o no de un determinado régimen político en función absoluta de sus necesidades geopolíticas: Arabia Saudita es democrática para los democráticos Estados Unidos, Venezuela no. Brasil con golpe institucional y proscripción política es democrático y no Bolivia. Pero ninguna discusión sobre la democracia tiene consecuencia práctica concreta si no es al servicio de una política. Claro, JN intenta colocarse fuera de toda disyuntiva. Dice que los liberales dicen que los populistas son antidemocráticos y los populistas dicen que los antidemocráticos son los liberales. ¿Y él qué piensa? ¿Mira desde afuera y califica? Ahí está la esterilidad política de la ciencia política en tanto ciencia muerta. Hoy en Europa, por ejemplo, ¿para qué sirve toda la “teoría democrática” del mainstream académico? Lo más importante que le oímos decir es su miedo por el crecimiento de las fuerzas “antisistema”. Por el avance de los que cuestionan a la democracia liberal europea. En Italia, desde el domingo pasado, derechas y supuestas izquierdas lloran a coro por la incertidumbre democrática que crea el éxito del Movimiento Cinco Estrellas. Es la “antipolítica”, dicen. Sin embargo, pocas cosas pueden pensarse más antipolíticas que los regímenes de alternancia entre partidos distintos que practican las mismas políticas en casi todos los países de ese continente, monitoreados siempre por la Unión Europea y los organismos internacionales de crédito. Lo que el demoliberalismo llama populismo, y ahora antipolítica, son las respuestas populares a un régimen político que se presenta como democrático pero carece de toda práctica de poder del pueblo, que eso es finalmente lo que significa la palabra. Hasta hace poco cuando alguien preguntaba por el fenómeno de achicamiento democrático de las naciones europeas, la respuesta era “la gente vota a favor de eso”. Bueno, ahora la gente empezó a votar en contra. En Italia, Inglaterra, Francia, España, Portugal y otros países (también en Estados Unidos) crecen los “peligros antisistema” que horrorizan a los liberales biempensantes. Y el movimiento ocurrido en nuestra región desde comienzos de siglo forma parte del mismo impulso.

Esto no lo vio venir la ciencia política normal. Este es el problema de aislar la mirada del funcionamiento institucional de la realidad social que lo rodea. Y el problema de pensar la democracia sin antagonismos, sobre todo cuando los antagonismos han nacido, existen e influyen en la vida político-institucional. La feroz eficacia de la nueva derecha y la rápida agonía del kirchnerismo, por ejemplo, no son categorías científicas. No son más “científicas” que el campo nacional-popular, por ejemplo, Son apuestas intelectuales y políticas. Perfectamente legítimas. Tan legítimas como las que miran lo que está pasando en la Argentina con profunda preocupación por sus consecuencias futuras. Como las que postulan que la nueva derecha no es tan nueva, a no ser por su extraordinaria eficacia para la manipulación de la opinión pública y por el impulso utópico y refundacional que la anima (lo que claramente no asegura el éxito de sus propósitos). Tan legítimas como las que alertan sobre la puesta en escena de un nuevo régimen que no modifica las reglas de fondo, constitucionales y legales, sino que las niega sistemática y crecientemente en su accionar práctico; un régimen que tiene como principio institucional nunca escrito el de un virtual monopolio de la palabra masivamente difundida y el del peligro judicial potencial para quien practica una militancia adversaria de las políticas gubernamentales. El alerta no es imparcial ni neutral. Se postula desde una visión del país y de su lugar en el mundo. Y, así y todo, es un alerta muy razonable. Por la pérdida de la calidad institucional, la persecución política, las injustas privaciones de la libertad de militantes y dirigentes adversarios al gobierno, por la impunidad y la corrupción de los poderosos y, no en último término, por el empeoramiento de la calidad de vida de millones de personas y por el peligro político que entrañan las políticas en curso.

¿Por qué el peronismo y la izquierda tienen que unirse contra Macri? por Juan Marino.

El peronismo y la izquierda somos expresiones políticas legítimas de los que luchamos por los intereses del pueblo contra el imperialismo. El peronismo es la expresión política del empresariado nacional cuya producción va destinada fundamentalmente al mercado interno mientras que la izquierda es la expresión política de los trabajadores que pelean tanto por la emancipación nacional (liberar a la patria de los monopolios imperialistas y defender el mercado interno y nuestros recursos naturales) así como por la emancipación social (terminar con el imperialismo en el mundo entero – no sólo en Argentina – y, por lo tanto, terminar con toda forma de explotación del hombre por hombre – incluida la de los patrones argentinos).

A su vez, luego de 15 años de gobiernos peronistas (12 años de kirchnerismo y 15 años si incluimos a los gobiernos de Duhalde y Rodríguez Saá) en las últimas elecciones presidenciales de 2015 llegó a la Casa Rosada una agencia directa del imperialismo. Nos referimos a CAMBIEMOS y el gobierno encabezado por Mauricio Macri. Aunque haya llegado al poder por medio del voto popular, Macri no es un presidente sino un tirano y su gobierno no es democrático sino dictatorial. Decimos esto porque, según el propio preámbulo de la Constitución, el objetivo de un gobierno constitucional es ”pacificar el país y contribuir a la defensa nacional” mientras que el macrismo le declara la guerra al pueblo por medio de la destrucción de sus fuentes de trabajo y el saqueo del bolsillo popular con los tarifazos. Todo esto, como parte de un plan sistemático de entrega del país y su soberanía a los bancos extranjeros, los monopolios transnacionales y las potencias imperialistas. El caso más grotesco es la privatización del acuífero guaraní a manos de Nestlé y la instalación de una base militar de la DEA en la Triple Frontera de Misiones. Mauricio Macri es, por definición, un vendepatria.

Por lo tanto, ¿tiene sentido la unidad entre el peronismo y la izquierda? Claramente SÍ. Porque, a pesar de sus diferencias importantísimas (no es lo mismo defender en primer lugar a los patrones argentinos que defender a los trabajadores argentinos), tanto el peronismo como la izquierda podemos reconocer en el macrismo y en el imperialismo un interés social antagónico por igual. La derecha es el enemigo de todos los partidos populares y, por lo tanto, corresponde que los partidos populares nos unamos para terminar con este gobierno gorila de la derecha.

¿Necesita el peronismo de la izquierda para derrotar a Macri? SÍ, la izquierda es necesaria para dar una lucha a fondo contra Macri y el macrismo. Lo decimos no tanto por los votos que puede aportar (en algunas provincias con caudales que llegan a los dos dígitos) sino porque la izquierda representa exactamente lo contrario que Macri. Si Macri es el imperialismo, la izquierda es por definición la lucha consecuente contra el imperialismo. Por eso, la izquierda es un aliado fundamental para todo partido popular que se proponga derrotar al imperialismo.

Por último, si bien en las últimas elecciones el peronismo y el kirchnerismo juntos sumaron el 35% a nivel nacional contra un 40% de CAMBIEMOS, la izquierda bien podría sumar ese 5% que falta para desempatar y garantizar la victoria a nivel nacional. A su vez, la izquierda aporta la autoridad política de combatir al macrismo desde un punto de vista independiente del kirchnerismo. Es decir, que la perspectiva de la izquierda no es volver al pasado sino lograr un gobierno popular que tome medidas de fondo: ruptura con el FMI, no al pago de la deuda externa, pago del 82% móvil a nuestros jubilados, eliminación del impuesto a las ganancias, salario igual a la canasta básica familiar,  garantizar el derecho al trabajo para todos, legalización del derecho al aborto, nacionalización de la banca y recuperación de nuestros recursos naturales – todas medidas de emergencia para sacar al país de la crisis y responder a un escenario de bancarrota capitalista mundial. Por lo tanto, desde el Partido Piquetero, le proponemos al peronismo la unidad para lograr en 2019 el anhelo de todo el pueblo que lucha contra Macri: “volver y volver mejores”.